Aunque no es la solución definitiva, sería un paso adelante para frenar la delincuencia juvenil la aprobación del proyecto de ley presentado por la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, que busca modificar el Código de Infancia y Adolescencia para permitir que los adolescentes que cometan delitos graves, sean sujetos de responsabilidad penal y paguen en centros carcelarios especiales penas proporcionales a la gravedad de sus crímenes.

La reforma tiene su sustento en las altas tasas de criminalidad juvenil en las principales ciudades del país, situación de la que Neiva no es la excepción y que últimamente se está saliendo de control, impulsada por varios factores, pero principalmente por el poder corruptor de los carteles de narcotráfico y microtráfico, las guerras 'territoriales' o vendettas entre bandas o pandillas, la irresponsabilidad de padres que desamparan a sus hijos o los obligan a delinquir para su beneficio y la falta de educación y de oportunidades de empleo.

En todo caso, los preadolescentes son manipulados ante la oferta de dinero 'fácil' y convertidos en 'mano de obra' de empresas criminales dirigidas por adultos inescrupulosos que conocen muy bien cómo funciona el sistema judicial en Colombia y que los menores no reciben castigos severos, por no ser sujetos de responsabilidad penal.

Pero lo cierto es que muchos de los adolescentes son plenamente conscientes de sus actos y del hecho que por su edad la ley colombiana los exime de un castigo ejemplar, lo que los estimula a seguir delinquiendo impunemente hasta que cumplan la mayoría de edad.
Por eso se hace urgente una reforma al código respectivo para que adquieran responsabilidad penal, que puedan recibir castigos severos en caso de la comisión de delitos atroces como homicidio, abuso sexual, secuestro y extorsión.

No en vano, junto a la propuesta de la senadora Gilma Jiménez, una acérrima defensora de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el Partido de la U, a través del senador Roy Barreras, ha presentado otro proyecto de ley que otorga tanto el derecho al voto para los menores desde los 16 años como la imputabilidad penal, sobre el entendido de que a esa edad los adolescentes tienen suficiente formación y madurez para discernir entre el bien y el mal.
La impunidad por la inimputabilidad penal de los menores no se acabará hasta que se castigue a los homicidas, así sean menores de edad.

Esa especie de inmunidad ha permitido a los delincuentes de organizaciones criminales utilizar a los menores de edad para contratarlos e incitarlos a la perpetración de crímenes. Y a los menores mismos para envalentonarse a cometer transgresiones sabiendo que las medidas sancionatorias no son drásticas, porque de manera real no serán privados de la libertad.

La Ley de la infancia reformada no cambiará la mayoría de edad que seguirá siendo a los 18 años, pero modificará la edad para efectos de la responsabilidad penal. En muchos países la responsabilidad penal empieza a los 14 años, la tendencia es ubicarla a los 16 años, como en Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Suecia, Suiza, España, Israel, Yugoslavia, Rusia…, donde se ha comprobado que disminuye la delincuencia juvenil al ser sancionados desde esas edades.