Sorprende la manera como el gobierno nacional pretende corregir el hecho que los ciudadanos recurran permanentemente a la tutela para defender sus derechos, pues lo obvio sería que se hiciera un verdadero balance de la situación, se llevaran a cabo todo lo ajustes necesario para garantizarlos y ante todo se entendiera que precisamente la existencia del gran número de acciones de tutela implica que algo fuera de lo normal está sucediendo con relación al cumplimento de los derechos fundamentales.
Para mayor claridad recordemos que en Colombia existen algunos procesos que eventualmente se cumplen cuando se interpone una tutela como por ejemplo las solicitudes de una pensión de jubilación ante el Seguro Social, caso en el cual la norma establece cuatro meses de plazo para la respuesta después de radicar los documentos, término que la entidad estatal frecuentemente quebranta obligando al ciudadano a acudir a la acción de tutela, y aun obteniendo el fallo a su favor no necesariamente se cumple lo ordenado por el juez por lo que se debe recurrir a un incidente de desacato agravando de manera significativa la congestión de la justicia y la situación social del peticionario. Capítulo aparte es el mismo escenario en salud, en donde algunas intervenciones y procedimientos solo se autorizan mediante una acción de tutela.
Que hay abuso con las tutelas y que en algunos casos a los jueces se les ha ido la mano en los fallos es cierto, pero no podemos afirmar que esa sea la constante, al contrario, ha sido la rama judicial la que se ha venido encargando de garantizar que los derechos fundamentales se respeten para lo cual ha sido necesario que en ocasiones, como en la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, se le ordene al gobierno que cumpla con sus funciones básicas para garantizar la salud de los colombianos. No hay duda que esa no es una función de la Rama Judicial, pero la ineficiencia del estado ha hecho necesario que la asuma y gracias a eso la situación no es peor. Tampoco es una cuestión de ideologías como lo quieren mostrar algunos, garantizar los derechos de los ciudadanos no es un regalo, la Constitución los ha establecido y por tanto no son un saludo a la bandera.
En consecuencia lo primero que debemos poner en orden para disminuir las tutelas y los potenciales abusos con ella es al propio gobierno nacional para que se haga lo necesario de tal modo que a los colombianos no se nos vulneren nuestros derechos fundamentales, porque la principal razón de las tutelas es esta, es decir que si el gobierno quiere reducir el problema antes de pretender modificar la tutela debe mejorar sus procesos y garantizar que se cumplan los términos y procedimientos definidos en las normas legales para cada caso. Aceptando que el primer abusador es el propio gobierno y haciendo lo necesario para que se cumplan los derechos constitucionales de las personas no será complicado construir un verdadero compromiso para reducir el número de tutelas, puesto que  no será necesario acudir a los jueces para que estos sean respetados y estaremos solucionando el problema desde su origen.
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