Reformar la justicia en Colombia no es asunto de poca monta si se quiere que la justicia verdaderamente funcione en beneficio de la sociedad , en un medio donde siempre ha sido la cenicienta del  poder público agobiada de precario presupuesto, que es en el fondo lo que debe atenderse para su cabal funcionamiento, porque nuestra justicia ha sido un tigre de papel por esta circunstancia secular y por improvisar en materia jurídica instalando sistemas foráneos ajenos a nuestra idiosincrasia, que por supuesto terminan fracasando o siendo inoperantes, como ha ocurrido con nuestro pomposo sistema penal acusatorio. Pero ahí vamos con la enésima reforma a la justicia.
Decía el locuaz presidente del Congreso Armando Benedetti que la reforma  a la justicia no sería presentada para su trámite si no era totalmente consensuada con las cortes, lo que, por lo que hemos visto en las discusiones que se han suscitado sobre el tema hará  imposible que sea tramitada, y mucho más cuando de entrada se plantea la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que por razones obvias no irán a aceptar los que integran dicha corporación, y cuando se plantea igualmente una reforma a la tutela que desconozca la jerarquía máxima en materia de derechos fundamentales de la Corte Constitucional para terminar con el famoso choque de trenes, que es más un asunto de conciencia jurídica de nuestros jueces sobre el funcionamiento de la justicia en un Estado Constitucional como el nuestro , que de reformas de papelería.
Y es que no solo se han opuesto a la eliminación del Consejo de la Judicatura los que lo integran, sino todos a una el resto de las cortes, incluida la Corte Constitucional que en su oportunidad y ante el desastrado funcionamiento de su Sala Disciplinaria, por boca de su entonces presidente Nilson Pinilla lo consideró un organismo descompuesto. Quien entiende ahora la solidaridad de cuerpo para que haya el consenso imposible que anunció Benedetti en torno a este álgido punto, cuando consideramos necesaria por lo menos la supresión de esta Sala, para que como ocurre en otras latitudes la función disciplinaria de los abogados quede en manos de una colegiatura obligatoria de sus pares, y no en manos de un organismo altamente politizado salido de la entraña del Congreso e integrado por magistrados que no han presentado jamás un memorial  y tienen serios cuestionamientos a su condición moral  como ocurrió en su más reciente conformación parcelada a la politiquería.
La reglamentación  de la tutela para mencionar solo estos dos temas de  la anunciada reforma hará posible como se ha dicho que no haya ningún consenso, porque sería desconocer igualmente el espíritu de la Constitución respecto de una acción tan sensible al pueblo colombiano,  que no puede ser limitada en la protección de los derechos fundamentales, porque ello acabaría por desvertebrar aún más nuestra carta ya suficientemente desvertebrada.  El problema de la justicia más que de reformas es de los hombres encargados de aplicarla, que son los que chocan por la supremacía en detrimento de ella misma.