¿Invasión o desalojo legal?
Viernes, 03 de Agosto de 2012 07:26
La Corte Constitucional ordenó en el plazo de seis meses el desalojo de bases militares en jurisdicción indígena.
Los indígenas de la comunidad Jiw del Guaviare están en vía de extinción.
REDACCIÓN ACTUALIDAD - Diario del Huila
Innumerables reacciones generó ayer el auto 173 de la Corte Constitucional, en donde se le pide al Ministerio de Defensa la devolución del territorio colectivo denominado como resguardo indígena de los Jiw, en el área rural de Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare y Nukak en el Meta.
La Corte en su providencia expresa que la decisión se da con el fin de tomar medidas urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
De esta forma la unidad de las Fuerzas Especiales e Infantería de Marina tendrán un periodo de seis meses para iniciar los planes de desalojo de las instalaciones y devolverlo al pueblo Jiw.
Además se indica que este proceso debe hacerse con el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social y la oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados.
No hay invasión del territorio indígena
Contario a lo expresado por el alto tribunal constitucional, el general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que la base militar en Guaviare no está en terrenos de comunidades indígenas.
“Esas bases colindan con las comunidades no están allá adentro perturbándole como se ha dicho, simplemente están allí instaladas sobre la ribera del río Guaviare y tienen fundamento legal, la Fuerza Pública no ha sido invasora en ningún momento”, dijo el alto oficial.
Según el general Navas, “esos terrenos fueron adquiridos legalmente, con escritura pública. A mediados de los años 80 el Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa, le donó esos terrenos a la Infantería de Marina para que instalara una base allí de entrenamiento y patrullaje para brindarle seguridad a ese sector, incluso a esas comunidades indígenas”.
Peligra la seguridad
Otra de las razones que se esgrimen para que los militares no abandonen estas bases, tiene que ver con la seguridad nacional. El general Navas ayer afirmó que el retirar esta base militar le daría una ventaja estratégica a grupos armados que delinquen en la zona como la guerrilla de las Farc.
En esta misma tónica el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, expresó que el Gobierno acata el auto de la Corte Constitucional que ordena el retiro de una base militar en el sur del país, pero aclaró que se presentarán todas las acciones legales posibles para evitar la salida de los soldados del sur del Guaviare.
Comunidad en vía de extinción
En el auto la Corte Constitucional advierte que la comunidad Nukak está riesgo de extinción por el desplazamiento y la crudeza el conflicto armado en los departamentos de Meta y Guaviare.
Además de la salida de la base, la Corte también ordena a todas las entidades del Estado adoptar todos los planes de emergencia para evitar la desaparición de estas comunidades
Indígenas del Cauca en The Economist
La prestigiosa revista The Economist hizo en su última edición un artículo al movimiento de los indígenas del Cauca, asegurando que los nativos cansados de la violencia en su territorio pusieron a las Farc y al Ejército en su lugar.
“Los colombianos están acostumbrados a vivir en batallas entre el Ejército y los guerrilleros de las Farc, pero en el departamento suroccidental del Cauca, ambos actores armados sufrieron recientemente una derrota a manos de un grupo indígena sin una sola bala”, señala el artículo.
“Golpe de Estado”
Como un “golpe de estado” calificó el expresidente Álvaro Uribe Vélez la decisión de la Corte Constitucional de ordenar el retiro de las tropas del Ejército nacional de los resguardos indígenas, en los departamentos del Meta y Guaviare.
El exmandatario consideró de “la mayor gravedad” la determinación, y advirtió que si es necesario reformar la Constitución para corregir ese hecho, hay que hacerlo. La decisión de la Corte Constitucional le fue comunicada al expresidente Uribe por Radio Santa Fe, ya que se conoció en momentos en que sostenía un diálogo telefónico con nuestra mesa de trabajo.
La razón de la decisión de la Corte
La decisión estuvo fundamentada en que, en la zona, las unidades de las FFMM estaban en entrenamiento y sus funciones no eran las que le asigna la Constitución, proteger a la población civil. Funciones que sin duda podía desarrollar, pero no estaban contempladas en su naturaleza.
La ilegalidad de las acciones militares
Dentro de sus acciones de entrenamiento, algunas balas perdidas hirieron indígenas, los territorios se hicieron intransitables e, incluso, se denunciaron violaciones de Derechos humanos como delitos de violencia sexual.
Protegidos internacionalmente
Cabe recordar que estas comunidades han sido identificadas como pueblos en alto riesgo de exterminio físico y cultural por organismos internacionales y por la misma Corte Constitucional, al igual que las del Cauca, que incluso tienen medidas cautelares de la Corte interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, hizo un pronunciamiento que pasó desapercibido en medio del huracán de noticias del Cauca.
Howland dijo que con base en la doctrina de Naciones Unidas relacionada con los pueblos indígenas y en el convenio 169 de la OIT, le daba la razón a los indígenas Nasa. Afirmó que la Fuerza Pública tenía como principal misión la protección de la población civil y que, dado que las acciones militares no eran coordinadas con las autoridades indígenas, ellas estaban en el derecho de expulsar a un actor que, de acuerdo con ellas, les pone en riesgo.
En este sentido ¿Las comunidades del Cauca podrían pedir lo mismo basadas en esta jurisprudencia, teniendo en cuenta que las tropas desplegadas en su territorio tienen labores de combate, interdicción y otras relacionadas con el orden público?
