viernes, 25 de septiembre de 2020
Política/ Creado el: 2020-02-14 10:35

“En defensa de la vida y el derecho a nacer”

La Senadora huilense Esperanza Andrade junto con otros congresistas reafirmó el rechazo en contra de legalizar el aborto en todas sus prácticas. Ya fue radicada una carta en ese sentido en la Corte Constitucional y crearán la Comisión Provida. 

Escrito por: Redacción Diario del Huila | febrero 14 de 2020

La senadora Esperanza Andrade junto con otros congresistas de los Partidos Conservador, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres decidieron unir esfuerzos para rechazar el aborto y defender la vida.

“Desde el Congreso generaremos políticas públicas a favor del no nacido, la mujer embarazada, los niños y adultos mayores en estado terminal. Reconfirmamos nuestro apoyo legislativo y jurídico para preservar la vida, la familia y la esperanza”, dijo la congresista huilense.

En ese propósito, el bloque parlamentario, denominado Provida, radicaron una carta en la Corte Constitucional para reafirmar el rechazo a legalizar el aborto en todos los escenarios y pedir que asuntos como el de la vida del ‘nasciturus’ no sea regulado vía sentencia judicial, sino que se respete la separación de poderes y la competencia del Congreso de la República para tramitar estos asuntos mediante Ley Estatutaria, como lo ordena la Constitución Política.

Actualmente, la Corte estudia una ponencia del magistrado Alejandro Linares que propondría se permita el aborto en cualquier caso hasta la semana 12 de gestación.

Hoy, la sentencia 355 de 2006 de la Corte dice que sólo puede practicarse cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de la mujer; exista grave malformación del feto; o la gestación sea resultado de una conducta sexual sin consentimiento, debidamente denunciada (violación).

“La Comisión Legal Provida es un salto contundente en la construcción de la cultura de la vida en Colombia ante la pretensión inaceptable de la Corte de legislar sobre esos temas, ordenando al Gobierno los reglamente, desconociendo que por mandato de la misma Constitución la función de promover leyes le corresponde exclusivamente al Congreso”, explicó Andrade.

El texto

En la carta, de tres páginas, los congresistas expresaron sus reparos a las 16 sentencias emitidas por el alto Tribunal en las que ha permitido el aborto como un derecho fundamental de las madres gestantes, desconociendo a su vez el derecho fundamental a la vida del bebé por nacer.

La senadora Andrade y los demás legisladores que firman la misiva le recordaron a los nueve magistrados de la Corte Constitucional que pretender legalizar el aborto en Colombia va en contravía de los artículos constitucionales 11 y 44, como también de instrumentos internacionales suscritos por Colombia como la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Comisión

En los próximos días, la dirigente conservadora y otros congresistas radicarán en el Congreso de la República un proyecto de ley para crear la Comisión Legal Provida para debatir en el escenario natural los temas que tiene que ver con la defensa de la vida.

“Que el Congreso debata proyectos de ley para generar políticas públicas a favor del no nacido, la mujer embarazada, los niños y adultos mayores en estado terminal”, explicó.

Y agregó que “siempre he estado en contra de despenalizar el aborto en todas las prácticas. Mi compromiso es en la defensa de la vida y del cuidado de la mujer y la familia”.

Aborto de nuevo a debate nacional

El debate sobre el aborto se avivó a principios de semana a raíz de la interrupción de un embarazo de siete meses de una mujer que alegó problemas de salud mental, a pesar de la oposición de su expareja que intentó impedirlo hasta último momento.

"No me siento bien, ni preparada para asumir un parto", dijo la chica de 22 años a medios locales en Popayán, donde se le practicó el aborto en una clínica de Profamilia.

Por su parte el padre, Juan Pablo Medina, respaldado por la iglesia católica y evangélica, así como por organizaciones pro-vida, argumentó que este caso no cumple con ninguna de las tres causales que contempla la Corte Constitucional para hacer el aborto.

"Es una situación que yo no me esperaba, era un ser que fue planeado y lo estaba esperando con todo mi amor. En este momento no sé nada del bebé, no sé dónde estará el cuerpo", dijo Medina quien a su vez, pidió que le sea entregado el feto para "darle cristiana sepultura".

Profamilia, que promueve el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, confirmó en Bogotá que, de acuerdo con la ley, se efectuó la interrupción voluntaria del embarazo de la joven, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional.

"Profesionales atendieron a la señora identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre distintas opciones a cuales ella tenía acceso y con las cuales contaba", dijo en una rueda de prensa la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Elena Royo.

Controversia encendida

El caso avivó el debate sobre el aborto en el país, abierto hace unas semanas por la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional por la abogada Natalia Bernal quien solicitó que revise sus sentencias y prohíba el aborto en todos los casos.

El senador John Milton Rodríguez, del partido evangélico Colombia Justa Libres, pidió a la Fiscalía General y a la Superintendencia de Salud una investigación profunda a Profamilia por su actuación "en el caso del bebé Juan Sebastián, que fue abortado faltando un mes para nacer".

¿Habrá judicialización?

El caso de la joven de Popayán es el más visible entre las numerosas mujeres cuyos casos que han ido a parar a la justicia por abortar ya que, según la Fiscalía General, se recibieron 5.833 denuncias entre 1998 y 2019, de las cuales un 75 % fueron archivadas.

Según cifras del Instituto Guttmacher, una organización privada sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, el 53 % de las mujeres pobres rurales "sufren complicaciones graves al practicarse abortos de alto riesgo y las mujeres pobres en general tienden a no tener las condiciones necesarias para los cuidados post aborto".

Otras organizaciones internacionales por los derechos humanos como Human Right Watch se han pronunciado contra la regresión de la legislación sobre el aborto. (Lea: HRW insta a la Corte Constitucional para no limitar el acceso al aborto)