martes, 21 de mayo de 2019
Economía/ Creado el: 2019-02-18 11:52

Cobro por reconexión de servicios públicos continúa vigente

El artículo 96 permite a los prestadores de servicios públicos cobrar un cargo por reconexión y reinstalación. Este recaudo solo procede en los eventos en que el servicio efectivamente haya sido suspendido. El Congreso de la República envió el proyecto ley 016/15S-190/15C, por medio del cual se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios, para estudio de la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre esta propuesta que beneficiaría a los estratos 1, 2 y 3 de la población del Huila y el país en general.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | febrero 18 de 2019

Por: Juan Carlos Bravo O.

Muchos ciudadanos huilenses y del país en general no tienen conocimiento que el cobro por reconexión de servicios públicos sigue vigente y que en este momento está en estudio por parte de la Corte Constitucional, que tendrá que revisar algunas objeciones presidenciales al  proyecto de ley que busca que a los estratos 1,2 y 3 de la población no se les cobre por la reconexión y dicha iniciativa pueda ser una realidad.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, los cargos por conexión de servicios públicos domiciliarios son un elemento de la tarifa que busca remunerar los costos en que incurren los prestadores en la labor de conexión de los inmuebles a sus redes de prestación de servicios, indicó la Superintendencia de Servicios Públicos.

Por su parte, el artículo 96 permite a los prestadores de servicios públicos cobrar un cargo por reconexión y reinstalación. Este recaudo solo procede en los eventos en que el servicio efectivamente haya sido suspendido y, por ende, se haya incurrido en costos para garantizar la reconexión, pues el fundamento legal del cobro no es enriquecer a las empresas, sino permitir que recuperen los costos.

Cobros injustificados

La entidad aclara que en aquellos eventos en que sin haber suspensión se cobren dichos gastos el usuario podrá reclamar la respectiva factura, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, y en caso de que su petición sea negada podrá impugnar el respectivo acto a través de los recursos de reposición en sede de la empresa y de apelación ante esta superintendencia.

En cuanto al valor que los prestadores del servicio de acueducto pueden cobrar por dicho concepto se precisa que no se encuentra regulado, pero deberá corresponder a los costos eficientes en los que el prestador haya incurrido para realizar tal actividad.

¿En qué está el proyecto de ley?

La Superservicios recordó que el proyecto de ley 190/15C–016/15S, que pretendía modificar el régimen de servicios públicos domiciliarios en el sentido de eliminar el cobro por reconexión, fue objetado por inconstitucionalidad, por lo que las disposiciones mencionadas continúan vigentes.

Dicho texto se encuentra en revisión de la Corte Constitucional, donde se espera que se resuelvan las objeciones presidenciales presentadas hace dos años por el gobierno Santos.

En manos de Corte Constitucional

Cabe la pena señalar que en septiembre de 2018, la plenaria del Senado insistió en que el proyecto para eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios debería ser una realidad, y por eso no aceptó las objeciones que presentó el Gobierno a esta iniciativa.

En ese momento, la corporación decidió enviar el proyecto a estudio de la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre esta propuesta que beneficiaría a los estratos 1, 2 y 3 de todo el país.

El senador liberal Lidio García, impulsor de la iniciativa en el Congreso, advirtió en su momento que la propuesta había recibido el respaldo de todos los partidos políticos.

“El no cobro a la reconexión es un proyecto social, un proyecto que permite que las personas de más escasos recursos económicos no sean maltratadas, les están cobrando prácticamente un castigo”, señaló.

Dijo que un servicio público puede estar costando alrededor de 15 mil pesos, “pero le cobran una reconexión de alrededor de 52 mil pesos. Yo creo que si una persona de estratos bajos no paga no es porque se les olvide, sino porque no tiene los recursos para pagar”.

La plenaria del Senado también subsanó algunos errores de trámite que se cometieron durante la aprobación del proyecto en el Congreso de la República.

Pueden cobrar

Teniendo en cuenta que están vigentes los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de servicios públicos domiciliarios están habilitados para cobrar por su reconexión y reinstalación.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios precisó los eventos en que procede el mencionado cobro por los gastos en que incurre el prestador luego de una suspensión o corte del servicio.

Si la suspensión o corte se ocasionaron por una conducta imputable al suscriptor o usuario, le corresponde a este eliminar la causa pagando todos los gastos de reinstalación o reconexión en que incurra el prestador, de acuerdo con lo establecido en el contrato de condiciones uniformes.

El cobro solo procede en los eventos en que el servicio efectivamente haya sido suspendido y, por ende, se haya incurrido en costos para garantizar la reconexión, pues el fundamento legal del cobro no es enriquecer a las empresas, sino permitir que recuperen los costos.

Por lo tanto, el prestador de  servicios públicos no puede realizar el cobro cuando el servicio no fue efectivamente suspendido o no pueda comprobarlo. En caso de darse esta situación, el usuario puede presentar el respectivo reclamo y, en caso de que su petición sea negada, interponer los recursos de reposición en sede de la empresa o de apelación ante la superintendencia.   

La historia

¿Por qué no se ha sancionado la ley que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos?

En noviembre del 2016, el Congreso envió a sanción presidencial el proyecto de ley 016/15S-190/15C, por medio del cual se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3.

Una iniciativa de corte social, según los legisladores, que, sin embargo, Presidencia de la República objetó por dos razones de inconstitucionalidad y otras dos de inconveniencia.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo sostuvo en ese momento que la propuesta era inconstitucional por vulnerar el principio de solidaridad y por un factor de inequidad que afectaba a las personas que pagan oportunamente sus obligaciones. De igual forma, indicó que la iniciativa va en contra del artículo 367 de la Carta Política, en tanto “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos”. (Lea: Empresas de servicios públicos no pueden negar suministro directo de agua potable a usuarios)

En cuanto a las objeciones por inconveniencia, el Gobierno sustentó que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, ya que es una carga para el fisco nacional.

También advirtió que dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio tiene que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.

¿Qué dijo la Corte Constitucional?

En su momento, pese a los argumentos presentados por el presidente Juan Manuel Santos, el Congreso decidió rechazar las objeciones y, por tanto, el articulado se fue para revisión de la Corte Constitucional. Pero la Sala Plena de la Corte devolvió el proyecto al Congreso el año pasado, para que se subsanara algunos errores de trámite.

En dicha ocasión y durante el último día de sesiones de este periodo legislativo, se votó el informe de objeciones nuevamente, el que rechaza la posición del Ejecutivo y pide la sanción de la ley, para que el alto tribunal resuelva de fondo sobre su constitucionalidad.

El informe reitera que las razones expuestas por el Ejecutivo no son acertadas y que da prelación a los intereses de particulares y empresas prestadoras de servicios sobre la población vulnerable.

Como se recordará, la iniciativa establece que no habría lugar al cobro por concepto de reconexión y reinstalación de servicios públicos domiciliarios cuando la causa de la suspensión o el corte del servicio en inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3 haya sido exclusivamente la mora en el pago de las facturas y el usuario se ponga a paz y salvo o celebre un acuerdo de pago con la empresa por ese concepto.

Por otro lado, para restablecer el servicio si la suspensión fue por causas imputables al suscriptor o usuario diferentes a la mora, este debe eliminar tal motivo, pagar todos los gastos de reinstalación y satisfacer las demás sanciones previstas, de acuerdo con las condiciones uniformes del contrato.

Si el restablecimiento no se hace dentro de las 24 horas siguientes después de que el suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones, dice la propuesta, habrá falla del servicio.

Finalmente, la paradoja de esta iniciativa, es que lleva tres años de trámite y aun no se define su suerte final.