viernes, 10 de julio de 2020
Panorama/ Creado el: 2020-05-09 10:20 - Última actualización: 2020-05-09 10:35

Covid-19 saca a la luz problemas crónicos del sistema de salud que deben resolverse de fondo

Utilizar las reservas de las EPS para pagar las deudas de la red hospitalaria puede poner en riesgo la sostenibilidad futura, dijo el viceprocurador Juan Carlos Cortés González quien aseguró también que se deben unos 900 mil millones de pesos a los hospitales universitarios del país. 

Viceprocurador Juan Carlos Cortés González. 

Escrito por: Redacción Diario del Huila | mayo 09 de 2020

¿Cómo ha sido el trabajo en esta pandemia del coronavirus? 

Ha sido un trabajo intenso, comprometido, a través de los equipos tanto a nivel nacional, como a nivel territorial; la pandemia nos ha desnudado las fortalezas y las debilidades del país, hizo relucir la institucionalidad, la solidaridad de la gente, el valor y el compromiso del cuerpo médicos que sin armadura ha estado al frente en la línea de batalla, muchas cosas positivas. 

¿Pero se han evidenciado debilidades?

Desafortunadamente sí, por ejemplo, las que trae el propio sistema de Salud y de Seguridad Social, por ello la Procuraduría ha trabajado en varias líneas en esta materia. Lo primero hacer vigilancia y acompañamiento al proceso de blindaje y fortaleza para el sistema de atención sanitaria, de cara a reaccionar ante los contagios y la atención de las personas afectadas por el coronavirus. Por eso hemos puesto la lupa en temas como la realización de pruebas, en donde evidenciamos debilidades en el embalaje, demoras en los trámites, congestión en el Instituto Nacional de Salud, en fin todo lo que tuvo que ver con ese seguimiento; pero igualmente hemos requerido al Gobierno y hemos estado presentes para exigir el fortalecimiento de la red hospitalaria en los territorios, particularmente frente a UCI, adquisición de equipos, insumos, respiradores; pedimos igualmente el control en precios de los medicamentos y elementos médicos para evitar el acaparamiento y el sobreprecio. 

¿En qué otra línea se ha enfocado el trabajo? 

Abordamos también una línea de trabajo con las Empresas Sociales del Estado, para denunciar y prevenir actos de corrupción, por ejemplo la solicitud de suspensión de un contrato para publicación de una memoria en el hospital de Cúcuta, la solicitud de intervención en el hospital de Leticia, la vigilancia en hospitales del Chocó, un acompañamiento de cerca a las ESE´s en zonas dispersas para lograr la dotación en elementos de bioseguridad. Hemos pedido al Gobierno Nacional que se entreguen recursos, que haya flujo a la red hospitalaria, y en general a los prestadores de salud, porque la deuda supera los 6 billones de pesos. 60% de esa cartera, tiene una mora superior a 90 días y está afectando a 900 empresas sociales del Estado. Mientras no haya flujo de recursos, las ESE´s y la red privada, no podrán operar bien. 

¿En qué otro frente se ha estado presente? 

La protección y la defensa de los médicos y el personal asistencial, cerca de 600 trabajadores de la salud están contagiados ya con el COVID-19 y eso nos ha hecho tomar diversas acciones. Solicitamos la adopción de una prima especial de riesgo, una bonificación económica para estos profesionales en la primera línea de combate. Otro punto, exigimos que se presten y que se aporten los elementos de bioseguridad, que son responsabilidad de los empleadores, pero también de las ARL, a lo cual estamos haciendo un seguimiento de manera permanente y alertando cuando se presentan fallas.

Y en el tema de protección al personal médico del país ¿qué se está haciendo desde la Procuraduría?

Lo más importante, lograr que se les brinden todos los elementos de bioseguridad requeridos para su labor. Estamos también luchando para prevenir la discriminación en contra de los médicos, en los últimos días por ejemplo se dio una afectación en una entidad bancaria, hemos perdido a la superintendencia financiera que se investigue a esa entidad, y que se adopten prácticas de capacitación e intervención para que esto no vuelva a ocurrir. También hemos formulado denuncias penales por amenazas a médicos, y además una campaña de sensibilización frente a la labor del personal de la salud. 

¿Qué deja esta pandemia? 

La necesidad de revisar estructuralmente el Sistema de Seguridad Social y el Sistema de Salud. Fortalecer componentes como el de la protección al cesante, los subsidios al desempleo y establecer prestaciones de ingreso mínimo familiar universales, que son mecanismos que los Estados adoptan para enfrentar situaciones de crisis como esta, y que estamos poniendo a prueba como en el caso del subsidio al cesante. En este hay ya más de 150 mil solicitudes acogidas por la Cajas de Compensación Familiar, se han pagado 63 mil de ellas, por alrededor de $210 mil millones de pesos.

Se desnudan debilidades históricas en salud, que hay que entrar a revisar y a superar, entre ellas una arquitectura institucional muy compleja; muchos actores, muchos pasos, muchos peajes que terminan afectando a los usuarios, al servicio y a los profesionales que prestan la salud; hay mucha intermediación que ha llevado a una acumulación de cartera enorme, hablamos de más de 6 billones de pesos que se adeudan a los prestadores, al punto que nos ha tocado en medidas de emergencia, recurrir a las reservas de las EPS. 

¿Qué trae como consecuencia acudir a las reservas de las EPS?

Es una medida que puede poner en riesgo la sostenibilidad futura, por eso ese tema de ajustar la arquitectura y lograr la simplificación de trámites, facilitará la garantía efectiva para que los ciudadanos puedan acceder al servicio y algo fundamental, lograr el fortalecimiento de la red y de las instituciones; un sistema de salud se mide por la capacidad que tiene de desarrollar instituciones médicas, de investigación y de atención, nosotros debemos responder a ese reto. Más centros de atención en regiones dispersas y más instituciones especializadas, menos demandas y recobros, menos trabas para acceder al servicio que exigen a la gente interponer tutelas, menos corrupción.

¿Y ya el Gobierno se ha puesto al día con la red hospitalaria? 

Se han expedido normas, y se ha avanzado; deben comprometerse recursos adicionales al giro ordinario, desde la ADRES, y acelerar el cumplimiento del acuerdo de punto final, así como es necesaria una inyección adicional de recursos para la red pública, por ejemplo, cerca de 900 mil millones de pesos se adeudan a los hospitales universitarios, que son los que tienen en las regiones los centros de atención de mayor complejidad, esa deuda hay que pagarla de manera inmediata. Prioridad atender lo que pasa en departamentos como Guaviare, Guainía, Vichada, Amazonas, Chocó, Casanare y San Andrés, que suman acreencias por más de $320 mil millones de pesos.  Hay que avanzar más rápido en el esquema de compra de cartera, que sin embargo ya se aprecia como insuficiente. Se necesita meterle acelerador a este tema para que haya un flujo efectivo de recursos. Si esto no ocurre, seguirán afectándose los eslabones más débiles de la cadena, los profesionales de la salud y los pacientes.

¿Cómo estamos en la entrega de elementos de protección a los médicos? 

Se avanza pero no en la proporción y con el ritmo necesarios; estamos terminando una validación de la última semana de lo que les han entregado al personal asistencial las Administradoras de Riesgo Laborales; hasta la semana anterior se habían enviado siete millones de elementos, entre tapabocas, caretas, visores, guantes, batas antifluido y otros que facilitan el blindaje de los profesionales de la salud. No obstante, el 93% de ellos son guantes y mascarillas no quirúrgicas.   

¿Cómo estamos en el número de pruebas del COVID-19? 

Hemos avanzado por la puesta en operación de otros centros complementarios al Instituto Nacional de Salud a nivel regional, eso ha permitido mayor agilidad en el trámite de las pruebas. Persisten dificultades en cuanto a la suficiencia de los reactivos que se requieren para la práctica de aquellas. El gran llamado es incrementar en número de pruebas diarias para tener de manera oportuna más diagnósticos. Un tamizaje más amplio nos colocaría en mejor nivel respecto de otros países y nos permitiría contar con los elementos técnicos necesarios para tomar mejores decisiones de política pública.