sábado, 04 de julio de 2020
Primer Plano/ Creado el: 2020-04-16 08:25 - Última actualización: 2020-04-16 11:31

Decreto 546 permitirá excarcelar a 250 reclusos en el Huila

El director del INPEC, Norberto Mujica, le aseguró a Diario del Huila, que en el departamento serán beneficiarios de esta medida 250 reclusos: Rivera, 131; Pitalito, 70; La Plata, 19 y Garzón, 30.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | abril 16 de 2020

Diario del Huila, Neiva
Por Linda Vargas

Ayer el Gobierno Nacional expidió el Decreto 546 que permite a un selecto número de internos de las cárceles del país, pagar su pena bajo el beneficio de medida domiciliara.

“Tiene un gran sentido humanitario para que las personas que puedan estar expuestas, con mayor vulnerabilidad, al virus (covid-19), puedan salir de la reclusión intramural carcelaria y pasar a reclusión domiciliaria, mejorando sus condiciones de protección en términos de salud”, dijo el presidente Iván Duque Márquez.

250 reclusos beneficiarios en el Huila

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los beneficiarios de esta medida serían aproximadamente 5.000 reclusos. 

El director del INPEC, Norberto Mujica, le aseguró a Diario del Huila, que en el departamento serán beneficiarios de esta medida 250 reclusos: Rivera, 131; Pitalito, 70; La Plata, 19 y Garzón, 30.

El mandatario de los colombianos hizo énfasis en que su actitud siempre ha sido drástica frente a delitos como el acceso carnal en niños y mujeres y agregó que “fui muy claro que por esos delitos no podemos dejar que nadie salga, porque tenemos que ser ejemplarizantes frente a esas conductas”.

Duque sostuvo además que, el Decreto 546 “tiene una concepción donde se protege la vida y la salud, donde se mantienen condiciones de reclusión -que pasan de la intramural carcelaria a la domiciliaria-, y yo diría que, también, tiene una consideración, que está pensado para ejercer una mayor protección de salud en muchos centros de reclusión penitenciaria y carcelaria”.

Recordemos que esta medida se debe a que el pasado 21 de marzo, reclusos de distintas cárceles de Colombia iniciaron una protesta, al parecer coordinada, en contra de las medidas tomadas para enfrentar la crisis del coronavirus.

También, la desesperación de muchos internos se debe a los casos confirmados por Covid-19 en la cárcel de Villavicencio; dos muertes y un hospitalizado. Y en gran medida al anuncio del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien afirmó que hay 15 nuevos casos en dicho establecimiento carcelario. Por lo anterior, el temor de estas personas privadas de la libertad es contraer el virus en las precarias condiciones sanitarias.

“El decreto queda corto”

Frente al decreto, el presidente de la Fundación Población Carcelaria de Colombia, FPCC, José William Sánchez, afirmó que esta medida se queda corta en el sentido de que el Estado está en su deber de garantizar la salubridad de la totalidad de los internos del país y a su vez, se hace necesario una gran convocatoria nacional en la cual participa los internos de manera virtual con los entes de control.

“Este decreto no cobija a todos los internos (claro que queda muy complicado que los cobijara), pero el Gobierno Nacional sí está en la obligación, independiente del delito, de velar por la salud de las personas que están privadas de la libertad; entonces, se hace necesario que se adelante una gran campaña en las cárceles, desde el punto de vista de la salubridad”, sostuvo Sánchez.

Indicó además que, las cárceles del país no tienen doliente, porque muchas de ellas no tienen personal médico y mucho menos, medicamentos. Lo que agrava más la situación es la falta de agua potable y la mala alimentación.

“La falta de baterías sanitarias, de duchas, de elementos de aseo y eso que está determinado por la honorable Corte Constitucional en unos de los fallos conforme al Artículo 121 de 2018; o sea, es la misma problemática que se vive en todo el país”.

“Por otra parte, se hace necesario crear una mesa interinstitucional con los entes de control y los internos o las personas privadas de la libertad, para que participen de manera directa y virtual”.

Añadió, que los internos de las cárceles no tienen los elementos de protección necesarios para prevenir esta pandemia que hasta ayer ha afectado a 3.105 personas y 131 personas han muerto. “Los que tienen protección es porque lo han adquirido por cuenta propia, pero que el INPEC haya hecho una campaña, no la ha hecho, y tiene que hacerla”.

Lo anterior, según indicó, el Procurador General de la Nación, ya está enterado de la situación de las cárceles del país. “Nosotros precisamente, estamos muy pendientes de la mano del procurador para denunciar todas estas anomalías”.

Hacinamiento

El presidente de FPCC, reveló que la población reclusa en el país es de 123.434 personas privadas de la libertad (PPL), es decir, es un número muy elevado teniendo en cuenta que la capacidad penitenciaria es de 80.373 cupos. “El orden del hacinamiento, estamos hablando del 83% en algunas cárceles hasta en un 100%; el INPEC cuenta con 14.000 guardianes, para un total de 138 centros de reclusión; en domiciliaria están aproximadamente 65.000 mil internos o personas privadas de la libertad”.

El Decreto establece que el beneficio tendrá un término de seis meses. En todo caso, previo concepto de las autoridades sanitarias competentes en lo relativo al COVID-19, se podrán realizar prórrogas. Cuando hayan transcurrido los seis meses, la persona deberá presentarse directamente en el establecimiento penitenciario en el que se encontraba antes de ser beneficiada por la medida.

La medida esta dirigida a:

  • Personas de 60 años en adelante.
  • Madres gestantes o con hijos menores de tres años.
  • Personas que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, anticoagulación, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, personas con trasplantes y enfermedades autoinmunes. En este punto se tendrá en cuenta la historia clínica del interno y la certificación del médico de la cárcel.
  • Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, de conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por el personal médico del establecimiento carcelario.
  • Quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión.
  • Quienes estén condenados o con medida de aseguramientos por delitos culposos.
  • Quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad.
  • El Decreto Ley también establece que NO serán beneficiados por la medida:
  • Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
  • Quienes hayan cometido delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH.
  • Personas condenadas o investigadas por delitos en contra de niños, niñas y adolescentes (especialmente delitos sexuales).
  • Personas que hayan incurrido en delitos contra la administración pública (corrupción).
  • Personas que se hayan acogido a algún régimen de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz o la JEP.

En cuanto a los condenados, el INPEC remitirá los listados a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para que procedan a hacer efectivo el beneficio. Y respecto a los sindicados (quienes tienen medida de aseguramiento de detención preventiva), el Instituto enviará los listados al Consejo Superior de la Judicatura, que realizará el reparto ante el juez competente para que se proceda a hacer efectivo el beneficio sin necesidad de audiencias y a través de un auto escrito notificable. La defensa también podrá hacer la petición.

Además, establece que los jueces, defensores públicos y delegados de la Procuraduría General de la Nación, de ser necesario, tendrán libre circulación para ir a los despachos judiciales, y que, si el privado de la libertad comete cualquier delito posterior o incumple las obligaciones del acta de compromiso, se le revocará el beneficio y volverá a ser detenido.