miércoles, 24 de abril de 2019
Economía/ Creado el: 2014-12-01 02:31

Tribunal aceptó acción popular de piscicultores contra Emgesa

Los agremiados a Fedeacua interpusieron una demanda contra el Ministerio del Medio Ambiente y Emgesa por la inminente tragedia que se podría dar con el llenado y puesta en marcha de la hidroeléctrica El Quimbo. “Si esto se permite se da la sepultura a la piscicultura”, afirman.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | diciembre 01 de 2014

La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo del Huila admitió una acción popular que interpusieron los empresarios de la piscicultura agremiados en la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua) contra el Ministerio de Ambiente y Emgesa SA.

DIARIO DEL HUILA logró establecer que son 16 personas jurídicas y una natural las que buscan “que se amparen los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salubridad pública, seguridad alimentaria y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles”.

En el sentir de los empresarios, “se encuentran amenazados por la reducción de los caudales hídricos que se presentarán durante las etapas de llenado y operación de la hidroeléctrica El Quimbo y por la alteración de las calidades de agua del río Magdalena; lo cual, estiman que generará disminución en las concentraciones de oxígeno necesarias para la vida acuática, pudiendo ocasionar mortalidad masiva en los proyectos piscícolas del embalse de Betania”.

 

Fines de la acción popular

El propósito de la acción popular es que Emgesa suspenda de manera inmediata las actividades de llenado y operación de la hidroeléctrica hasta que garanticen la vida de la carga pesquera sembrada en jaulones de las piscícolas del embalse de Betania, además de cualquier contingencia no identificada en la licencia ambiental. Esto con el fin de evitar desastres naturales técnicamente previsibles como el ocurrido en Hidrosogamoso en la represa operada por Isagén el 9 de junio de este año, en donde murieron grandes cantidades de peces nativos del río Sogamoso (Santander).

Otro de los objetivos es que el Tribunal ordene a Emgesa constituir una caución que “garantice la carga pesquera sembrada en jaulones de las piscícolas del embalse de Betania durante las etapas de llenado y operación… y evitar desastres naturales técnicamente previsibles y de cualquier contingencia no identificada en la Licencia Ambiental (Res.0899 de 2009), en caso de presentarse una mortandad masiva consecuencia de la alteración de caudales o alteración de la calidad del agua del río Magdalena”.

Hasta ahí el optimismo de los empresarios de la piscicultura era grande porque consideran que si no se dan estas condiciones, el próximo año habrá una tragedia de grandes proporciones por cuenta del llenado y posterior operación de El Quimbo, incluso superior a la que se dio en 2007 en Betania.

 

Buenas y malas noticias

Sin embargo, la semana pasada (25 de noviembre de 2014) el magistrado Ramiro Aponte Pino, de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila, les dio dos noticias: una buena y otra mala. La primera fue que la acción popular fue admitida ya que reúne los requisitos formales exigidos. La segunda, la mala, es que la medida cautelar solicitada no será posible.

El togado justificó su decisión expresando que no se evidencia “prima facie” (a primera vista) la existencia de un daño inminente que justifique su práctica, y aunque con la demanda se aportaron algunos documentos como el concepto técnico de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), “estos no ofrecen certeza de la presencia del peligro”.

Pero, paradójicamente el mismo párrafo en que basa su argumentación, deja clara la situación de riesgo que se podría tener con el llenado y posterior operación del proyecto hidráulico. La Aunap expresa que “durante el llenado del embalse del Quimbo, no se presentarán déficits de oxígeno y las concentraciones de DBO5 serán bajas. El río Magdalena aguas abajo del sitio de la presa, tendrá concentraciones de oxígeno disuelto (OD) aceptables para la vida acuática, tanto en llenado (segundo mes en adelante) como en la operación”.

 

Aunap y Contraloría

Más adelante, la misma entidad sostiene que “No se observa sin embargo, qué podría pasar en el primer mes, y las concentraciones de cultivos piscícolas aguas abajo (embalse de Betania) deben mantener una condición óptima de oxígeno disuelto siempre, pues una reducción drástica del OD puede ocasionar mortalidades masivas en los proyectos piscícolas del embalse de Betania”.

Más adelante, Aponte Pino cita un concepto de Ingetec, que fue la firma contratada por Emgesa para el estudio de impacto ambiental, pero no tuvo en cuenta un documento de la Contraloría General de la República enviado al director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Fernando Iregui Mejía, en donde el ente de control expresa que desconoce si la Anla ha considerado los efectos y la sinergia en la cuenca del río Magdalena durante la etapa de llenado y operación de los nuevos proyectos hidroeléctricos Hidroituango, Hidrosogamoso y El Quimbo.

Es más, la Contraloría agrega que “la ciudadanía no ha encontrado en la Anla, el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos a las obligaciones dispuestas en la Licencia Ambiental de la Hidroeléctrica El Quimbo”.

 

No pasa nada: Ingetec

Ingetec, la firma contratista de Emgesa, sostiene que en el embalse de Betania, las mayores variaciones con respecto a las características actuales se presentarán durante el llenado del embalse El Quimbo en las capas inferiores del embalse cerca al fondo. “Estas variaciones temporales no pondrán en riesgo la vida acuática, particularmente la fauna íctica, ya que en las capas superiores las características de calidad de agua se mantendrán similares a las actuales”.

Los empresarios de la piscicultura no se rinden. El viernes pasado interpusieron una acción de reposición para que el magistrado Ramiro Aponte tome en consideración todos los argumentos que ellos han esgrimido sobre la inminente tragedia que se podría presentar con el llenado y puesta en operación de El Quimbo.

Las empresas que están incluidas en la acción popular son Sea Fish SAS, Piscícola El Caracolí SAS, Piscícola Ríos SAS, Tilapias del Huila SAS, Proceal SA, Comepez SA, Piscícola La Española Ltda., Piscícola La Sirena SAS, Ancla y Viento SA, Piscícola Marpez Ltda., Surcosagro Ltda., Piscícola New York SA, Piscícola Botero SA, Piscícola H&W Fishery Ltda., Piscícola Fish Factory Ltda., el Grupo Asociativo Empresarial de Colombia (Grupezcol) y Luis Carlos Preciado Sarmiento.

 

“Confiamos en que el magistrado apruebe las medidas cautelares”

 

Usted estuvo en un evento en Cartagena y nuevamente denunció la tragedia que se dará en Betania si se continúa con el cronograma de llenado de El Quimbo.

Manuel Antonio Macías Arango, piscicultor: el viernes anterior el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hizo el lanzamiento oficial de la política industrial del Estado para los años 2014-2018, el segundo cuatrienio del presidente Santos.

La señora ministra nos invitó al evento debido a que la acuacultura, desde hace unos cuatro años quedó inmersa en una iniciativa llamada Programa de Transformación Productiva (PTP). Consiste en que los subsectores de la economía o de la industria que tienen alta capacidad y proyección productora y exportadora mediante los cuales estos sectores han mostrado competitividad nacional e internacional y por ende el Estado colombiano, a través del Ministerio de Comercio ha decidido incluirlos dentro del programa para tener mesas de trabajo permanentes en la búsqueda de la proyección y crecimiento de estos sectores.

 

¿Cómo les ha ido en el proyecto PTP?

En estas mesas de discusión se han generado políticas y estrategias en la búsqueda de este crecimiento. Nosotros como gremio, como Fedeacua, firmamos este compromiso y de parte nuestra lleva unas obligaciones muy importantes que van desde la generación de empleo, el aumento en la producción, en las exportaciones, el reemplazo de las importaciones por producción nacional, entre otros.

 

¿Qué metas tienen?

Tenemos metas de generar 20.000 empleos directos, algo bastante importante en la economía huilense teniendo en cuenta que la acuacultura y especialmente la piscicultura de tilapia es uno de los renglones más importante, pero es el de mayor proyección en el tiempo por la competitividad que ha mostrado.

No me cabe la menor duda al aseverar que en 10 años la piscicultura será el primer renglón productivo agropecuario del Huila. Esto siempre y cuando no estemos sujetos a tragedias que afecten considerablemente esta producción.

 

¿Desde hace cuánto están ustedes denunciando la crisis que se dará con el llenado y puesta en operación de El Quimbo?

Desde que salí de la Secretaría de Agricultura del Huila se elevaron consultas y denuncias de la forma como estaba planeado el llenado de El Quimbo, que esa operación ponía en riesgo la piscicultura de Betania.

Desde hace cerca de seis años venimos discutiendo esto, mucho antes de que se hubieran hecho las obras civiles que hoy son irreversibles. Ha sido muy complicado. En el Ministerio del Medio Ambiente las personas encargadas de supervisar la Licencia Ambiental han hecho caso omiso a todas las observaciones y han manejado la estrategia del silencio, de la no acción, que es más grave.

 

¿Considera que hay complicidad entre el Ministerio del Medio Ambiente, el Anla y Emgesa?

En lo particular yo ya veo una complicidad sospechosa por parte del Ministerio del Medio Ambiente y del Anla hacia Emgesa. Pienso que los órganos de control deberían adelantar investigaciones porque ya es una complicidad sospechosa a favor de Emgesa.

Este problema que estamos viviendo nosotros ya se vivió en Hidrosogamoso hace algunos pocos meses donde la mortalidad de peces nativos del río Sogamoso fue abundante por las “chambonadas” que se cometieron en el proceso de llenado. No ha habido pronunciamientos del Anla.

 

Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué le dijo a ministra de Comercio sobre el problema que tendrá que afrontar el sector piscícola del Huila el próximo año?

En la reunión de Cartagena yo denuncié nuevamente esta situación. Le comenté que ya había un alto consejero del Gobierno Nacional que se había reunido con el gobernador del Huila y otros ministerios para buscarle salida a este conflicto, pero que a la fecha todo había quedado en el congelador.

 

¿Desde junio no hay respuestas por parte del Gobierno Nacional?

En junio de este año, en la última reunión, Fedeacua no había tomado una decisión de demandar con la ingenua esperanza de que hubiera una reacción por parte del Estado. A la fecha ya interpusimos una acción popular en la defensa de nuestra actividad.

Nosotros como Fedeacua y piscicultores de Betania seguiremos en la lucha bajo los medios que nos den las normas y la ley, nunca a través de las vías de hecho, siempre haciendo valer nuestros derechos y que no nos acaben la actividad por culpa de una irresponsabilidad y complicidad del Ministerio del Medio Ambiente y Anla con Emgesa.

 

¿Qué les respondió el Tribunal Administrativo del Huila?

La semana pasada recibimos un auto donde nos admiten la acción popular pero de manera sorprendente considero que al magistrado, en su sabiduría, se le pueden pasar algunas cosas por lo extensa de la acción y no revisó de la manera más detallada los documentos.

Es claro que una acción popular para ser admitida y para avalar las medidas cautelares que se solicitan ahí tiene que haber un riesgo inminente y yo creo que el magistrado no vio la trascendencia, la importancia y la contundencia de las pruebas y subestimó las pruebas como tal pero los hechos son muy concretos.

 

¿Tomaron alguna medida al respecto?

Yo tengo esperanza en la sabiduría y en la honorabilidad del señor magistrado que en el recurso de reposición revise la contundencia de estas pruebas y las graves implicaciones económicas para el Huila si una canallada de estas se permite. Estamos ad portas de una gran tragedia ambiental, productiva, económica y laboral en el Huila. Si esto se permite se da la sepultura a la piscicultura.

Confiamos en que el magistrado apruebe las medidas cautelares que solicitamos en la acción popular.