domingo, 25 de agosto de 2019
Primer Plano/ Creado el: 2018-11-11 07:08 - Última actualización: 2018-11-11 07:13

En el Huila, también hubo Falsos positivos

En el informe que fue entregado por el Observatorio Surcolombiano de DDHH, Paz y Territorio (OBSURDH) a la Justicia Especial para la Paz, reúne información de 52 casos de personas asesinadas de 128 entre los periodos del 2006 hasta marzo de 2009, en el departamento del Huila. Se estima que cerca de 2.268 víctimas fueron presentadas como bajas en combate en Colombia.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | noviembre 11 de 2018

Linda Vargas
Diario del Huila, Neiva

El Observatorio Surcolombiano de DDHH, Paz y Territorio (OBSURDH) entregó el informe “De la impunidad a la verdad” sobre Ejecuciones Extrajudiciales en el departamento del Huila ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el informe se condensa  la información de 52 casos de personas asesinadas de 128 víctimas por los mal llamados “Falsos positivos” en el Huila, entre los periodos del 2006 hasta marzo de 2009, en los que presuntamente están vinculados miembros del Batallón Magdalena y Cacique Pigoanza. Principalmente, en los municipios de Pitalito, Acevedo, Garzón, Gigante y la Plata, en donde se presentaron la mayor cantidad de víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales.

“Nosotros, esperamos que la Jurisdicción Especial de Paz,  incluya la indagatoria sobre la Novena Brigada, la Quinta División del Ejército y las investigaciones, de estos casos, de manera específica en el caso 003, en lo que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales. Que citen a los altos mandos de la época, los cuales no han sido hasta ahora vinculados a las investigaciones y que podamos alcanzar con las víctimas, verdad, justicia y sobre todo, resarcir el nombre de sus familias, las cuales en la mayoría de los casos ante los medios de comunicación y ante los partes presentados de manera oficial, fueron vinculados a bandas delincuenciales y estructuras de las FARC”, informó Oscar Enrique Prieto Acosta, Asesor Técnico del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos Paz y Territorio (OBSURDH)

Y agregó "Con la construcción de este informe estamos depositando nuestra entera confianza en los mecanismos de justicia transicional creados a partir del punto 5 del Acuerdo de Paz, esperando que sean estos los que nos garanticen la reparación sobre el buen nombre de nuestras víctimas y la verdad sobre los responsables de estos hechos injustificables, que ocasionaron un dolor y una pérdida irreparable en el seno de sus hogares", expresó.

Los familiares de las víctimas piden que los militares no se beneficien de la JEP porque asesinaron “por beneficio propio”, no como parte del conflicto.

 

Miles de víctimas

La magistrada Catalina Díaz,  integrante de la Sala de Reconocimiento y Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, indicó que, se encuentran archivadas en el Registro Nacional de Victimas 8 millones de personas,  que han sido victimizadas por diferentes hechos. Y,  en base del informe presentado por la Fiscalía General de la Nación se han encontrado 2.268 víctimas presentadas como bajas en combate en Colombia.

Declaró que el informe es muy sustancioso, sumamente detallado, con nombres, sitios, detalles y todas las piezas procesales.

“Creo que es un trabajo muy serio, juicioso y riguroso. Habrá que leerlo muy juiciosamente, valorarlo y contrastarlo. Es una fuente para las versiones de los comparecientes, o sea, miembros de las Fuerzas Militares que se han acogido a la JEP. Ellos tendrán que ser llamados a rendir su versión de los hechos. En esa versión, se les podrá preguntar por lo que las víctimas plantean. Luego, esas versiones serán trasladadas a las víctimas y conocer sus observaciones. En este contraste de la información, se irá estableciendo lo que pasó”, aseveró Catalina Diaz.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, agradeció el voto de confianza que deposita esta organización social en la JEP. "La Jurisdicción Especial para la Paz existe en buena medida gracias al incansable y decidido trabajo de miles de víctimas que a lo largo y ancho del país han luchado por la verdad, por la memoria y la dignidad. Hoy reiteramos nuestro compromiso de hacer nuestros mejores esfuerzos para hacer justicia, esclarecer los hechos y para que haya verdad plena sobre lo ocurrido", aseguró la magistrada.

Con la entrega de este informe a la Sala de Reconocimiento de la JEP se garantiza el acceso efectivo de las víctimas a este sistema de justicia y también su participación en el Caso 003, que le da prioridad a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco del conflicto armado. Cabe recordar que, a través del auto 005 del 2018, la JEP dio conocimiento de este caso, basándose en el informe "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado", que fue entregado por la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento, se han acogido a la JEP, 2.000 miembros de las Fuerzas Militares, quienes podrán ser acreedores a una sanción, que se llama “Sanción Propia”, que va desde 5 a 8 años de restricción de la libertad, con un componente restaurador. Si no dicen la verdad, hay una sanción de prisión ordinaria de hasta 20 años, después de ser vencidos en un proceso con todas las garantías.

Testimonios


Una de las personas que participaron de la plenaria,  fue Aladino Ríos Sánchez, agricultor. Que logró sobrevivir a los impactos de bala. Hoy en día se convirtió en un testigo de las falsas bajas en combate. 

Aladino, fue víctima por las Ejecuciones Extrajudiciales que fueron ejecutadas por el Batallón Magdalena de la Novena Brigada.

Su supuesto amigo, Alfredo Muñoz, lo llevó a él y a Albeiro Sánchez, (asesinado posteriormente por los militares) hasta una finca en un punto llamado La Portada de la Gallera de Chillurco, a pocos metros del batallón Magdalena, donde fueron atrapados por los militares y llevados hasta la Vereda San Vicente de Hornito en San José de Isnos.

“Fuimos primero cogidos por unos militares, quienes nos llevan a las malas en una turbo tipo furgón. Después fuimos llevado a una zona boscosa, me amarraron de los pies y a Albeiro”, atestiguó Aladino.

Después, aproximadamente a las  12:30 a.m lo desataron sus victimarios y lo sacan a la vía central, allí le pegan dos  impactos en el hombro derecho, cayó, pero luego pudo correr. A 170 metros, le lanzan ráfagas de tiros de fusil en los testículos y dos tiros en la parte de la cabeza, pero afortunadamente rodó por un abismo, logrando escapar y sobrevivir.

“Camine cuatro kilómetros y medio. Herido, una campesina  me dio refugio, ahí pase el resto del día, para después  huir a otro municipio a la finca  de mi papá. Por seguridad no fui a un centro hospitalario porque temía a que me mataran antes de que contará lo sucedido”, aseveró la víctima.

Aladino mencionó que mientras estaba atado, nombraban a una persona con el alias de “Zorro” y que se descubrió en las investigaciones de la Procuraduría que se llama Fabio Guzmán, que si está vinculado en la investigación.

Pasado 15 días de los sucedido, Aladino envió a una persona para que le contará lo que le había pasado al Personero de Pitalito y que le ayudara a poner la denuncia. “Pasé a la Fiscalía hice la denuncia penal y luego si acudí al hospital, porque ya tenía un respaldo de la denuncia”, dijo.

Ahora, Aladino vive una lucha con muchas instancias para que se conozca la verdad, ya que han pasado aproximadamente 11 años que no se ha esclarecido ni puesto tras las rejas a los victimarios.

“Es muy impactante haber odio a Aladino victima sobreviviente de este fenómeno, él nos cuenta con detalle cómo se intentó asesinarle, como milagrosamente sobrevivió, es absolutamente importante contar con ese testimonio para la instrucción del caso. Conozco otro caso en el Catatumbo de una persona que milagrosamente sobrevivió a un intento de homicidio”, indicó la magistrada.

Caso 2:


Gian Carlos Rincón Cabrera, era publicista y mecánico de bicicletas. Fue ejecutado por tropas del Ejército Nacional.

“A él lo mandaba hacer pendones, vallas, arreglaba locales de comercio y era muy trabajador. Vivía en la casa con nosotros y con la esposa que ya tenían dos hijos. El niño menor para esa época tenía seis meses y la niña tenía cuatro años”, mencionó Matilde, su madre.

Según sus padres, Gian era muy responsable y poco salía de la casa, pues tipo seis de la tarde guardaba las herramientas y se concentraba a ver televisión.

“Ese día, en la tarde, él se fue de la casa por una discusión que tuvo con la esposa, pero llegó a la casa a las siete. Yo tenía que ir a trabajar, a cubrir un turno en una hostelería, entonces el me miró y salió. Se había ido en la bicicleta, no regreso más. Matilde estaba preocupada porque él nunca se quedaba por fuera. Si se tomaba unos tragos, él llegaba a la casa, pero no se quedaba en la calle”, indicó Isidro, su padre.

Al día siguiente, salieron a búscalo a la Policía y al hospital. Pero, para su desgracia,  lo encontraron en la morgue.

“Nos fuimos para la morgue, Matilde me espero afuera, yo entre a preguntar, le dije al señor me pasa esto: un hijo no aparece. Me dijo, hace un momento trajeron dos cadáveres, que lo había traído el ejército en una turba. De una lo reconocí. El pelo lo tenía desgreñado, ya bastante rígido, salí y pensé: le digo que está aquí o no le digo. Pero finalmente,  le dije sí, él está ahí, está muerto, pega el grito tan verraco”, aseveró Isidro.

Después de aquel episodio desgarrador, regresaron a la casa. Escucharon la radio donde detallaban que en el Bajo Encanto lo habían dado de baja.

Pero en la citación decía, que dado de baja en el Cruce de la Vereda la Independencia, muy lejos de la primera versión.

“En una citación que me hace el Batallón para dar una declaración, me preguntan, usted es una de las víctimas de los que estaban atracando. Le dije: no, soy el papá del que usted supuestamente dice que estaba atracando” mencionó Isidro.

En la necropsia, el dictamen decía que Gian Carlos murió a las 11:30 pm del día 6 de enero de 2007 y en el boletín del Ejército decía que el combate  se había dado en el Bajo Encanto a las 2:30 am del día 7 de enero.

“Todos estos años sin Gian Carlos han sido muy duros, porque él nos colaboraba en la casa, le ayudaba a la mamá y a mí”, aseguró Isidro.

Según los padres de Gian Carlos, el proceso lleva 11 años, pero habían ganado en primera instancia en el Juzgado Quinto de descongestión de Neiva. Los militares implicados apelaron la decisión. “Es tan cínico ese juez o fiscal que falla a favor del Estado. Quedó como un vil delincuente”, concluyeron los padres.

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