jueves, 24 de septiembre de 2020
Opinión/ Creado el: 2016-04-17 05:02

Efectos del paro judicial del 2016

Sergio Clavijo Vergara

Escrito por: Redacción Diario del Huila | abril 17 de 2016

En el arranque del 2016, ya se han completado otros 60 días de cese laboral de la Rama Judicial, esta vez relacionado con los juzgados civiles y de familia. Tal situación es claramente un hecho anti-constitucional y que expresamente viola los dictámenes de la Corte Constitucional (CC) sobre el no derecho a la huelga en los “servicios públicos esenciales” (ver Artículo 56 de la Carta Política de Colombia). Dicha situación ha traído graves congestiones judiciales, pues se han dejado de atender unos 90.000 procesos, entre los no recibidos (unos 62.000) y los no tramitados (28.000), según el propio Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

Buena parte de la problemática estriba en dos problemas estructurales: i) en Colombia, la CC continúa siendo un “rey de burlas” por parte de sus propios colegas del CSJ, pues la burocracia judicial parece obedecer es a la “sala disciplinaria” del CSJ y no a la CC; y ii) el Ejecutivo ha venido dando señales erradas al premiar con reajustes salariales por encima del promedio del sector público (10% en el 2015 vs. el 8% general) esas huelgas reiterativas del periodo 2008-2016.

De hecho, cabe aplaudir que al menos la Contraloría General de la República esté intentando poner algo de orden a semejante caos del sector justicia al ordenarle al CSJ no pagar los días en cesación laboral, afectando a cerca de 1400 funcionarios de unos 169 juzgados civiles y de familia en Bogotá. Pero ello aún resulta insuficiente para lograr el respeto a la Constitución y a la CC.

Adujeron los empleados de los juzgados civiles y de familia que se iban a huelga porque no compartían decisiones de la Sala Administrativa del CSJ sobre el nuevo modelo de atención al usuario, según Acuerdo 10445 del 2015. Este nuevo esquema busca concentrar los servicios administrativo de los despachos judiciales, para así ganar en eficiencia y bajar costos. El desafío, en el fondo, es superar ese vetusto modelo de “juzgados como células básicas”. Históricamente, el juzgado “como ente aislado” de un sistema de información judicial ha probado ser anacrónico y, con buen criterio, el CSJ buscaba la adopción de un modelo de gestión empresarial para aplicarlo al congestionado sistema judicial del área de juzgados civiles y de familia.

¿Qué sentido tiene entonces crear mesas de concertación entre el CSJ y las organizaciones sindicales (Asonal Judicial, Asonal S. I., Asojudiciales y Asojusur) para discutir sistemas organizativos más eficientes? Imagínense Uds. ¿A dónde iríamos a parar en organización del Estado si los trabajadores estuvieran objetando por la vía de las huelgas reiterativas las decisiones administrativas de sus superiores?

En adición, los huelguistas han objetado la entrada en vigencia (enero del 2016) del Código General del Proceso, el cual busca precisamente agilizar “los tiempos y movimientos” de los procesos en materia civil y familia. Aquí se busca aplicar mayor oralidad, en vez de seguir con los esquemas “napoleónicos” de los diletantes escritos.

El caos judicial es de tal magnitud que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), creada en la Reforma Constitucional de Julio del 2015, ha sido incapaz de nombrar sus directivas. Más aún, esa reforma de “equilibrio de poderes” aún enfrenta una posible inexequibilidad ante la CC, como la “última joya” que nos dejó el saliente fiscal Montealegre (... el de los impromtus políticos permanentes).

En síntesis, los repetidos paros del sector justicia tiene graves repercusiones sobre el bienestar del país. Los daños en materia de credibilidad del sector justicia, de sus Altas Cortes, de sus juzgados y del sector carcelario son graves, pero difícilmente cuantificables. No en vano, después de la tradicional y bajísima credibilidad que ostenta históricamente el Congreso, ahora el desgreño administrativo y hasta la corrupción del sector justicia lo han hecho escalar a la segunda entidad con peor reputación en el país.

Como ciudadano, uno se pregunta: y ¿por qué será que en esta ocasión tampoco prevalece, así  fuera por vía de la tutela, el respeto a los derechos de 46 millones de colombianos (frente a una minoría sindical)? Pues porque la propia “sal de la tierra” (el sector justicia) nos está fallando a la hora nona de hacer respetar el mandato Constitucional de ofrecer ininterrumpidamente los servicios de justicia (salvo por el periodo de vacancia).

* Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.