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viernes, 21 de julio de 2017
 
OPINIÓN/ 2015-02-08 12:00

Gracias Corte Constitucional

Por Aníbal Charry González

Escrito por: Erick Rojas | febrero 08 de 2015

 

Por haber librado a Neiva literalmente de la quiebra, producto de la voracidad y la corrupción contractual a que estaba abocada injustamente con el leonino contrato del alumbrado público celebrado con Diselecsa. Gracias por volver por los fueros del Estado social y democrático de derecho en el campo de la administración de Justicia. De la que nos salvamos. Qué tal que no hubiésemos tenido el máximo tribunal constitucional para proteger en última instancia los derechos fundamentales, vulnerados por los jueces ordinarios que  paradójicamente tienen que garantizar su preeminencia y protección en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, por una sentencia histórica en materia de contratación pública, infiltrada hasta la médula por la corrupción  para esquilmar el patrimonio público.

Porque hay que hablar sin elipsis y así se consideró en la Corte al resolver el asunto: como un caso mondo y lirondo de corrupción con  cláusulas lesivas al patrimonio de todos que iba a parar a raudales al bolsillo de los corruptos que cobraban en forma indebida, por no decir que dolosa, ingentes sumas de dinero, al punto que resultaba incomprensible que la administración pública contratara en estas maquiavélicas condiciones de defraudación del tesoro público, y todavía más maquiavélico, que jueces de la república hubiesen avalado el asalto contractual, del cual nos libró la justicia constitucional en cuantía de 360.000 millones que ahora Neiva podrá recuperar para beneficio de nuestra comunidad.

Y es que la afortunada sentencia, que revoca un fallo del Consejo de Estado que violaba insólitamente derechos fundamentales con perjuicio grave para el erario al anular con entidad de vía de hecho judicial un laudo arbitral que favorecía con justicia a nuestra capital, dejó sentadas pautas saludables en materia de contratación pública y de correcta administración de justicia  como garantía de protección de derechos fundamentales, que servirán para enderezar tantos otros entuertos de esta laya, que no pueden volver a repetirse, al reiterar axialmente que en la función de administrar justicia no pueden los jueces ordinarios desconocer la justicia arbitral, y lo que es más relevante, no pueden ignorar al dictar sentencias, que deben impartir no solo justicia judicial en estricto derecho, sino social, teniendo como criterio principal la equidad y el equilibrio contractual que estaba ausente en detrimento del patrimonio público en el taimado contrato de marras.

Gracias a la Corte Constitucional, pero para ser plenamente justos, gracias también al entonces senador Rodrigo Lara Restrepo que convencido de su vocación justiciera, interpuso la tutela que generó el histórico fallo, y gracias también al hoy diputado Orlando Ibagón Sánchez, que   como concejal capitalino, asumiendo serios riesgos cuando se combate la corrupción y ataques infames a su reputación, cuestionó decididamente el contrato con Diselecsa, entregando los argumentos que sirvieron de entibo para el éxito de la tutela, que los convierten hoy en ejemplo de lo que debe ser el ejercicio de la política en beneficio de los intereses públicos en este país de políticos corruptos, que tienen como torcida misión el saqueo de los recursos públicos antes que defenderlos de los embates de la corrupción.