viernes, 19 de julio de 2019
Opinión/ Creado el: 2019-06-20 09:23

Referendo para la JEP

Escrito por: Jaime Alberto Arrubla Paucar
 | junio 20 de 2019

Un grupo de ciudadanos solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, autorización para adelantar la recolección de firmas tendientes a realizar  el trámite  previsto en la Constitución para adelantar una reforma a las reformas recientemente introducidas,  consistente esencialmente en terminar la JEP, según informan los medios de comunicación,  pues todavía no se ha dado a conocer lo que sería el texto del proyectado  referendo.   Recogidas las firmas, que deben ser superiores al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha, pasará al Congreso, que deberá aprobarlo por la mayoría de los miembros de ambas cámaras.   Aprobada la ley que incluye el proyecto de reforma, se someterá a referendo popular, presentado de tal manera que los electores puedan escoger libremente el temario, por el que votaran sí o no.

Además de la reforma a la JEP, convirtiéndola al parecer en una sala especial de la Corte Suprema que se ocupe de la justicia transicional, se habla de incluir otros temas, relacionados con la reforma al poder judicial y a la misma rama legislativa;  como sería la articulación de todas las Cortes de cierre, Suprema, Consejo de Estado y Constitucional en un solo Tribunal Supremo, modificar la forma de  escogencia de magistrados;   la reducción de los miembros del Congreso y otros que todavía no conocemos.   Las experiencias que tenemos con mecanismos de participación ciudadana, como el referendo y el plebiscito no han sido las mejores; el referendo que se intentó en el primer Gobierno del Presidente Uribe para reformar la constitución no alcanzó el umbral necesario para ser aprobado y  el plebiscito  de la era Santos sobre los acuerdos de Paz de La Habana, no sirvió para nada, pues se desconoció su resultado.   

Otros sectores políticos han hablado incluso de una Constituyente con similares propósitos, aduciendo que  hacer las reformas que requiere la Constitución  por Acto Legislativo en el Congreso,  encuentra la dificultad de que sucumban  en la Corte Constitucional, por la aplicación de la doctrina la sustitución constitucional.   El Gobierno,  en cambio,  ha anunciado una reforma a la Justicia, consensuada y de manera muy puntual, con muy leves retoques a la arquitectura constitucional, modificando la base y no la cuspide, buscando más bien   los ajustes que se requieren por leyes y decretos.

Todo indica que la estructura de las ramas Jurisdiccional y Legislativa, concebidas en la constitución del 91 dejan mucho que desear en actual momento; no satisfacen las expectativas de los colombianos y que decir sobre las reformas introducidas  por  el Acto Legislativo que incorporó los acuerdos de la Habana,  creando la JEP y desarticulando todo el sistema judicial colombiano.      Ya hemos comenzado a padecer las consecuencias, creando inseguridad jurídica e inestabilidad en el país.     Sin duda nos encontramos frente a una inestabilidad institucional que, aunada al debate político y próximamente electoral, se convierte en parte de la confrontación.   Para poder realizar reformas del alcance bislumbrado, se precisan propositos nacionales con el apoyo de los diferentes sectores politicos y sociales, lo contrario equivaldria a seguir navegando en un oceano de frustraciones.

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