miércoles, 19 de febrero de 2020
Actualidad/ Creado el: 2019-12-20 10:43

Vía Neiva –Santana – Mocoa, un “mar de preocupaciones” para los  huilenses

Según algunos diputados del departamento, hasta el momento la ANI al parecer solo tiene en sus manos la "oferta vinculante", es decir un documento donde los chinos se comprometen a recibir la concesión, y Aliadas (Grupo Solarte) a cederla. Se espera que para enero del 2020 se reanuden las obras de este importante corredor vial.

Escrito por: Redacción Diario del Huila | diciembre 20 de 2019

El proyecto Santana-Mocoa-Neiva, contempla una longitud de 447 kilómetros, en donde se resaltan 22 kilómetros de doble calzada entre Neiva y Campoalegre; variantes en los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Timaná y Mocoa; construcción de 1,97 kilómetros en nuevos viaductos; ampliación a un tercer carril entre Hobo y Gigante de 5,2 kilómetros de extensión; el mejoramiento de las curvas en el sitio Pericongo; la construcción de un falso túnel de 390 metros en la vía Pitalito Norte-Garzón; 2 falsos túneles de 90 metros cada uno en la vía Mocoa-San Juan de Villalobos, entre otras obras.

La historia

Este esperanzado proyecto de infraestructura vial tuvo que ser detenido luego de que uno de los socios mayoritarios de la concesión se viera involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

De tal manera, ‘Aliadas para El Progreso’, a junio del 2016 aún no lograba el cierre financiero. Y para septiembre de ese año, cuando por fin lo logró, no arrancaron las obras porque aún no se resolvía la demanda sobre proteger el 'túnel verde'.

Es así que para mayo del 2017 empezó el padecimiento para el transporte desde y hacia el sur del Huila, a causa de la falla geológica en el sector Pericongo entre Altamira y Timaná. La vía quedó totalmente bloqueada a causa de un deslizamiento de rocas. Y desde entonces el paso estuvo a un solo carril, durante ciertas horas, para lo cual debió ser habilitada una vía alterna por el Naranjal, vía que no está pavimentada y representaba dos horas más de trayecto, además, no es apta para vehículos de carga pesada.

Fue para octubre del año 2017 cuando reventó el escándalo de corrupción con la firma brasileña. Esto expiró que los bancos le cerraran las puertas al socio principal Carlos Solarte.

Entre tanto las obras seguían paralizadas, continuaban los deslizamientos en Pericongo que para abril del año 2018 dejaron dos personas fallecidas y una más herida; y la malla vial de la ruta 45 se deterioró y no tuvo dolientes. Los diputados del Huila incluso se encadenaron como acto simbólico en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. También se han cumplido reuniones, marchas y protestas. 

La noticia de que  finalmente  no se efectuaría la liquidación del contrato, que significaría volver a comenzar de cero con la licitación, fue “alentadora”, pero para algunos alcaldes del departamento el “Instituto Nacional de Vías en el Huila, no ha servido para nada”, dijo el alcalde de Isnos, Rigoberto Rosero, cuando se anunció en mayo pasado que en máximo dos meses reiniciarían las obras. Pero cumplido ese tiempo, se sabe ahora que el reinicio no se dará en el presente año, sino para el 2020.

El proyecto según lo que se conoce hasta ahora, cuenta con las licencias ambientales para continuar.  Pero este es un proceso que debió hacer Aliadas, sobre quien pesan además todas las sanciones impuestas.

El anuncio

Y es que a mediados de noviembre del presente año, se anunció por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque, que la compañía CCA Colombia Corp,   se responsabilizaría del proyecto de autopista de Cuarta Generación (4G), Santana – Mocoa – Neiva.

El concesionario Aliadas para el Progreso entregó el Plan Remedial, y la Oferta Vinculante emitida por la empresa CCA Colombia Corp., ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el pasado 15 de noviembre. Y, como se esperaba, el presidente Iván Duque informó ayer martes en Pitalito que será esa compañía la que «se hará cargo, con una firma de oferta vinculante para sacar adelante» la vía nacional central que cruza al departamento del Huila, con lo que se pone a fin a meses de parálisis en la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la carretera.

Santana – Mocoa – Neiva es un proyecto de la segunda ola de las Autopistas de Cuarta Generación (4G), que tiene una extensión de 456 kilómetros. Su origen destino es Neiva – Puerto Asís. Este corredor será fundamental para la movilización de pasajeros y carga desde Ecuador y el sur de Colombia, hacia el centro del país y la Costa Caribe, integrando los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo.

Así mismo, su eventual salvador, China Construction America (CCA), fue creada en 1985 y es una firma subsidiaria de China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC), un gigante de la construcción en China y el mundo. Aunque CCA tiene su sede central en New Jersey, Estados Unidos, la compañía opera en numerosos países del Caribe y América Latina.

CSCEC ha entregado obras y proyectos en 130 países donde ha generado unos 300 mil empleos. El año pasado, generó ingresos por US$175 mil millones, un incremento del 13,8% frente a lo reportado en 2017. 

El anuncio, en su momento realizado por el Jefe de Estado ante autoridades y comunidades del departamento, destaca que no solo permitirá resolver la problemática, sino atender «el paso de Pericongo».

El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, también entregó detalles de la cesión del contrato. El alto funcionario dijo a este medio de comunicación que “ponemos en el Huila una de los mejores concesionarios posibles”.

 “CCA  es una empresa americana filial de una empresa china,  de las más grandes del mundo en infraestructura que está facturando al año cerca de 200 mil millones de dólares y tiene más de 300 mil empleados; con una ventaja  y es que esta ya tiene un conocimiento específico de cómo funciona América”.

Manifestó que están “muy contentos” y que es una “muy buena noticia”. ¿Qué pasó con el grupo empresarial Ethuss?, según el presidente de la ANI, se logró avanzar bastante durante el proceso, pero “era una negociación de cuidado”.   El concesionario radicó los documentos pertinentes de las empresas Construction América (CCA), CCA South América, CCA Civil Colombia SAS (“CCA”) interesadas en la cesión. “Nosotros simplemente debíamos generar las condiciones para que se pudiera hacer, y finalmente el concesionario Aliadas decidió presentar a CCA. Nosotros revisamos que se cumplieran las condiciones de idoneidad,  las cumplieron, y entonces hicieron la cesión del contrato”.

Los plazos, tiempos y recursos, se mantienen aunque ajustados al contexto actual. Son 1080 días para ejecutar las obras previstas y lo primero que se   hará será el viaducto de 1.500 metros de Pericongo, confirmó. “Necesitamos que se inicie esa obra que será la solución definitiva y que se generen las condiciones necesarias para que sea transitable de forma segura”. Para ello se comenzaría a trabajar en enero 2020.

La nueva empresa

La oferta vinculante fue presentada por CCA Colombia Corp., sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Panamá, subsidiaria de China Construction America (CCA).

Esta última, fundada en 1985, y subsidiaria del grupo empresarial China State Construction Engineering Corp. Ltd. (Cscec), es uno de los mayores grupos de inversión y construcción del mundo, el cual opera en Norteamérica y Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía.

El documento señala que CCA proporciona servicios que incluyen la gestión de programas y de construcciones, la contratación general, el diseño y construcción y las asociaciones público-privadas (APP) para clientes públicos y privados.

La compañía, se agregó, desarrolla proyectos comerciales, residenciales, educativos, industriales y de construcción pesada de alto perfil.

¿Qué pasará con este proyecto?

La anunciada cesión del contrato de Aliadas (4G Neiva - Pitalito - Mocoa - Santana) a la multinacional china CCA generó en su momento toda clase de comentarios y aumento la expectativa porque al fin el proyecto sería una realidad después de tantos años de espera.

Sin embargo, con el pasar de los días todo parece estar en veremos dado que al parecer que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ni siquiera ha comenzado a estudiar esa cesión; lo anterior es una preocupación de varios dirigentes gremiales y políticos de la región que han liderado precisamente los reclamos al gobierno por la forma en la que se ha tratado este tema que ha causado un gran daño económico a los moradores de la región por donde el proyecto se tiene pensado construir.

Según algunos diputados del departamento, hasta el momento la ANI al parecer solo tiene en sus manos la "oferta vinculante", es decir un documento donde los chinos se comprometen a recibir la concesión, y Aliadas (Grupo Solarte) a cederla, pero todo ello debe ser aprobado por la entidad.

En este sentido, los diputados hablaron sobre esta importante obra que está a la espera por parte de cinco departamentos desde hace más de cuatro años, según ellos es preocupante la situación que se vive y esperan que de verdad si empiecen las obras en el 2020.

“La verdad yo debo decirlo lo que nace mal, mal termina, un contrato que dieron a espaldas de los surcolombianos porque este proyecto beneficia a 5 departamentos y la verdad se dio a espaldas de los intereses, que de alguna u otra manera tenían esperanzas en beneficiarse en este grandioso proyecto” sostuvo el dirigente político, Armando Acuña.

Según el diputado, el gobierno anterior no ejerció el respectivo control después de otorgado el contrato; al interior de la asamblea yo realice tres debates donde demostraba los incumplimientos de ‘Aliadas para El progreso’, en su momento, incluso el mismo gobierno fue complaciente cuando en algunas de las sesiones manifestó que se estaba cumpliendo el cronograma establecido para ello y nosotros demostrábamos que no, hasta el punto en el que se reventó y lo único que nos dijeron era que había sido afectados uno de los socios de Aliadas y la cual era imposible la liquidez económica para que el proyecto saliera adelante por parte de Aliadas” concluyó.

De tal manera, el Gobierno Nacional otorgo ese contrato sin tener en cuenta que esta concesión no tenía el musculo financiero para asumir la responsabilidad, solamente presentaron el posible otorgamiento de unos créditos los cuales no fueron otorgados y empezó el incumplimiento.

“Ellos tenían tres años para entregar las obras y en esos tres años solo avanzaron el 5% y durante esos años no hubo ningún proceso de incumplimiento por parte del gobierno anterior que fue quien otorgo ese contrato, llega este gobierno e inicia un proceso donde muy posiblemente apliquen unas sanciones de más de 20 mil millones por los incumplimientos, eso ha llevado afectar toda la competitividad de la región” manifestó el diputado.

De ese modo, son muchas las denuncias que a diario registran los usuarios que transitan por este importante corredor vial donde notifican que la vía está en total abandono y que son muchos los accidentes que se presentan allí.

“La verdad nos han mentido, nos han engañado y llega al punto que se han tenido que unir las fuerzas vivas del departamento para tratar de solucionar con pañitos de agua tibia, por ejemplo haciendo una minga para tapa huecos por el abandono de la vía, están pendiente este fin de semana de otra minga para reparchar los huecos de Pericongo a San Agustín” declaró el diputado Armando Acuña.

Por su parte el también diputado Orlando Ibagón, señaló que su preocupación con este importante proyecto de movilidad es a su vez motivo de queja constante y preocupación por parte de los huilenses.

“Manifestar la preocupación que tenemos todos los huilenses por ver que una obra tan importante para que departamento del Huila y para todo el país no se haya realizado o materializados, sabemos los problemas que tuvo Aliadas que era el que se ganó la concesión 4G inicialmente, él quiebra y al estar en quiebra hay un incumplimiento y el gobierno debió caducar el contrato que es la terminación unilateral del contrato. Esperamos que lo que manifestó el presidente sea una realidad” remató Ibagón.

Recordar que es un contrato de casi 3 mil billones de pesos, y que los dos diputados consultados por esta Casa Editorial propondrán un debate para trabajar más a fondo este tema que necesita una solución inmediata.